¿Emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor?

Fecha de publicación: 01 de abril de 2020

 

Dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el país, el Gobierno Federal ha dictado varias medidas, entre ellas, las contenidas en el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria, así como el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020, por medio del que se establecen las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismas que fueron sancionadas por el Presidente de la República a través del Decreto publicado en esa misma fecha en el citado órgano de difusión oficial, y el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

 

Derivado de que la Secretaría de Salud informó que en las últimas horas del 30 de marzo de 2020 el número de casos ha ido en aumentando y emitió una recomendación en el sentido de que los habitantes del país deben permanecer en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19, el Consejo de Salubridad General, en uso de su función prevista en el artículo 9, fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, determinó la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que con el propósito de proteger la saludad de los mexicanos, acordó expedir el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad general por el virus SARS-COV2 (COVID-19), y estableció que la Secretaría de Salud sería quien determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia. 

Al anunciar el acuerdo, diversos funcionarios del gobierno federal explicaron que se trataba de un acuerdo por el que se declaraba una emergencia sanitaria por causa de fuera mayor y no propiamente una declaratoria de contingencia sanitaria, esto con la intención de que no se configurará la causal de suspensión temporal de las relación de trabajo prevista en la fracción VII del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, el supuesto que permite al patrón suspender labores sin aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y  pagar a sus trabajadores un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.  

Cabe hacer notar que, en la conferencia de prensa del 30 de marzo de 2020, el propio Secretario de Relaciones Exteriores reconoció que el Gobierno Federal buscó la manera de que la declaratoria de emergencia emitida no encuadrará en la fracción VII del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo,

No obstante que el acuerdo en comento tiene características de una declaratoria de contingencia sanitaria, lo cierto es que en él no se determinó la suspensión de labores. 

En atención a lo anterior, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, determinando al respecto, lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO. - Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas:

 

I.          Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;

 

II.         Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales:

 

a)         Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención;

 

b)        Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal;

 

c)         Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación;

 

d)        Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y

 

e)         Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría;

 

III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas:

 

a)     No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas;

 

b)     Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 

 

c)     Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo);

 

d)     No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 

 

e)     Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal; 

 

IV.       Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible;

 

V.        El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar;

 

VI.       Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México;

 

VII.     Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas, y

 

VIII.    Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas.

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración del Consejo de Salubridad General, prevista en el artículo 3o. del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.

 

Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como vocales titulares a las siguientes personas:

 

a)     El Titular de la Secretaría de Gobernación;

b)     El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

c)     El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;

d)     El Titular de la Secretaría de Marina;

e)     El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y

f)      El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

 

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el Artículo Segundo del presente Acuerdo, integrarán el Consejo de Salubridad General mientras persista la emergencia sanitaria.

En el acuerdo transcrito, podemos apreciar que la autoridad Sanitaria, entre otras cosas, fue quien decretó la suspensión de labores o trabajos del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con relación a las actividades consideradas como no esenciales y estableció las medidas de seguridad y/o prevención que se debían observar en todos los lugares y recintos en los que se realizan actividades definidas como esenciales.

Diversas han sido las opiniones sobre los acuerdos antes mencionados, sin embargo, en KRESTON BSG® consideramos que existen elementos suficientes para proceder a la suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento que no realice actividades consideradas esenciales.

Lo anterior, de acuerdo a lo previsto en la fracción I y/o VII del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, que señalan:

Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento: 

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos; 

 

[…]

 

VII. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria.

La fracción I  debido a que derivado de la suspensión de labores decretada por la autoridad Sanitaria, el patrón se ve impedido a continuar con el desarrollo normal y cotidiano de sus actividades por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que aun previniéndolo no ha podido prever ni evitar, puesto que a un acontecimiento de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor, que de acuerdo a diversos tratadistas pueden prevenir de sucesos de la naturaleza, de hechos del hombre o, incluso, de actos de autoridad.

Por cuanto al supuesto previsto en la citada fracción VII, consideramos que existen elementos suficientes para sostener que también se configura ese supuesto de suspensión temporal de la relación de trabajo, debido a la suspensión de labores la decretó una autoridad sanitaria competente, como lo es el Secretario de Salud, como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, con motivo de la declaratoria de emergencia de fuerza mayor, que aunque se le denomino de otra manera, lo cierto es que tiene características de una declaratoria de contingencia sanitaria, pues independiente del nombre que se le asignó, de su texto se obtiene que el Consejo de Salubridad General determinó la pertinencia de declarar como “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” a la epidemia generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), con el propósito de proteger la salud de los mexicanos, siendo que esto último  corresponde a un concepto que válidamente se le puede asignar a la frase “contingencia sanitaria”. Aunado a lo anterior, la palabra “emergencia” que se utilizó en el acuerdo de referencia, significa: “Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata” (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española), y la palabra “peligro” que se encuentra dentro de su definición, significa: “Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal” (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española).

A la fecha no existen precedentes judiciales sobre lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, puesto que la fracción VII del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo fue adicionada después de la contingencia sanitaria de la influenza AH1N1.

Ahora bien, la diferencia en entre que se configure una causal de suspensión u otra, estriba esencialmente en que en tratándose de la fracción I, el patrón o su representante, debe dar aviso de la suspensión a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que esta, previo el procedimiento consignado en el artículo 892 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo, la apruebe o desapruebe (Art. 429, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo).

En el supuesto de que se apruebe la suspensión, la Junta de Conciliación y Arbitraje, al sancionar o autorizar la suspensión, fijará la indemnización que deba pagarse a los trabajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentren una nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de un mes de salario (Art. 430 de la Ley Federal del Trabajo)

En cambio, en el supuesto previsto en la fracción VII, el patrón no requiere de aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y queda obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.  

Sin embargo, en KRESTON BSG® sabemos de la importancia que se le da al personal de nuestros clientes, por lo que consideramos que lo más conveniente para los patrones que no se encuentren dentro de las actividades esenciales y deban proceder a la suspensión de labores o trabajos, así como para los propios trabajadores, es negociar el importe que estos últimos percibirán a partir de la suspensión de labores y hasta 30 de abril de 2020, tomando en consideración los parámetros expuestos a lo largo del presente escrito, y, en su caso, suscribir un instrumento en el que se haga constar el resultado de la negociación.

Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto, y para la elaboración de cualquier instrumento que desee implementar para atender de manera correcta el asunto mencionado en el presente documento. 

Cordialmente,

Departamento de Servicios Legales 

Sede Aguascalientes

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